Diez agentes de la Policía Nacional pendientes de juicio acusados por cargas durante el referéndum del 1-O en Barcelona han pedido que se les aplique la ley de amnistía que entró en vigor el martes y se archive la causa para ellos.
Los diez agentes forman parte de la causa del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, cuyo titular es Francesc Miralles, donde hay 45 policías procesados por cargas en la ciudad, según han informado fuentes jurídicas.
La defensa de los agentes considera que sus casos se enmarcan en los supuestos de la ley de amnistía y considera que la exclusión de los delitos de torturas se refiere a hechos "mucho más graves" que los delitos de lesiones que se atribuyen a estos policías.
Dirigentes independentistas también lo piden
Los agentes se acogen a la medida de gracia un día después de su entrada en vigor y publicación en el BOE. Como ellos, más de una treintena de políticos independentistas condenados por el procès han pedido que se les aplique la norma para poner fin a sus causas.
De un lado, las defensas jurídicas de los 37 encausados de ERC, incluido Oriol Junqueras y la fugada Marta Rovira, presentaron este martes por la mañana sus peticiones formales para reclamar la aplicación de la ley. Las defensas jurídicas de Esquerra formalizaron la petición ante el juzgado con la intención de "cerrar" las casi 40 causas que afectan a dirigentes del partido republicano.
Por la parte de Junts, la defensa del recién nombrado presidente del Parlament, Josep Rull, ha pedido aplicarle la amnistía para borrar sus antecedentes penales, mientras que el exconseller y secretario general del partido, Jordi Turull, la ha reclamado para terminar "inmediatamente" con la inhabilitación de 12 años que le impuso el Tribunal Supremo (TS) en la sentencia del 1-O.
A partir de ahora, la aplicación de la ley, que se aprobó el pasado 30 de mayo por la mayoría del Congreso, queda en manos de los tribunales que tengan que dirimir sobre las causas vinculadas al procés, como es el caso del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y más de 300 causas en juzgados y tribunales de Cataluña. Los jueces tienen un plazo de dos meses para aplicarla, sin perjuicio de que puedan plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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